«Controlar a jueces, ¡saña y seña de dictador!», la columna de Juan Miguel Alcántara Soria. 22 de octubre 2023

Ciudadanos marchamos hoy domingo en Irapuato, León, Guanajuato, y otras plazas en defensa de jueces del país y de sus trabajadores, con quienes defendemos nuestros derechos fundamentales ante el poder, a su vez. Y en defensa del equilibrio entre poderes públicos y de nuestra frágil democracia.

Luego de que diputados de Morena y paleros del Verde aprobaron agandallar, primero, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal, con más de 15 mil millones de pesos en fideicomisos que garantizan el cumplimiento de sus condiciones de trabajo: “derechos laborales adquiridos” para el pago de pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro; su personal operativo.

Son más del 60% de su plantilla. Y garantía de la independencia judicial. Y para poner en marcha los nuevos tribunales laborales, entre otros propósitos.

Es mentira de López Obrador decir que son recursos para los Ministros de la Corte. Más allá de violar diputados normas procesales internas -que seguro sancionará la Suprema Corte-, lo destacable es que este nuevo ataque a las instituciones, y a los trabajadores del Poder Judicial Federal, presagia hechos recogidos por la historia de gobernantes que convirtieron sus países en dictaduras, anulando antes al Poder Judicial.

López Obrador, y la candidata que impuso para sucederlo, insisten en reformar la Constitución para que los jueces y ministros sean electos por la ciudadanía, lo que no sucede en ningún país del mundo que tenga estándares respetables de Estado de Derecho.

Apuestan a poder controlar al Poder Judicial también. Controlarían fiscales, jueces, ministros, además de las cámaras. Y elecciones sin INE. Ahora van desde ya a asfixiar financieramente al Poder Judicial Federal, al que diputados del obradorato anuncian que, además (aparte de fideicomisos), recortarán, en próximos días, entre 15 mil y 25 mil millones de pesos más de su presupuesto para el 2024.

Para que llegue a las elecciones sin dinero. Destruirlo para controlar al nuevo.

Un juez federal, ante declaraciones de odio de AMLO, le prohibió antier emitir otras más contra trabajadores de la Judicatura, por ser actos infamantes en su contra, prohibidos en el Artículo 22 Constitucional. Y ordenó a la fuerza pública abstenerse de atentar contra la integridad de quienes nos manifestemos con ellos este domingo.

Porque los dichos de AMLO son “expresión de menosprecio e insulto que generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos específicos… acción expresiva que genera un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas”.

Los trabajadores tienen derecho a amparase y la Suprema Corte podrá atraer demandas. Con un juez que conceda la suspensión se congelará extinción de fideicomisos. Y no están solos. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, y otros abogados ya anunciaron demandas de amparo y controversias constitucionales contra estos dos nuevos atracos del obradorato.

Los pesos y contrapesos entre poderes, diseñados para evitar abuso del poder, corrupción o dictaduras, están seriamente amenazados. Pero hoy sí tenemos Presidenta de la Corte digna. Ni el Presidente ni los legisladores pueden restringir o anular derechos actuales de los trabajadores, los que también se violentan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por no ser consultados los afectados en Parlamento Abierto.

Ningún observador serio tiene duda de que atracos son venganza de AMLO. Le tomó bien el pulso a los resentidos del país, que son hartos, entre los cuales los hay contra los jueces del país, sin duda. Ningún usuario de nuestro sistema de justicia desconoce que le urge una reforma al Poder Judicial, empezando por combatir el nepotismo.

Pero no es pasando por la destrucción que proponen los de la 4T, para hacerlo sumiso al Ejecutivo (como empezó a ser con Arturo Zaldívar, presidiendo la Corte). Ante saña y seña dictatoriales, lo de ahora es ciudadanía de pie, capaz de exigir sus derechos y cumplir sus deberes de defender a con quiénes hacerlos valer.